Todo sitio web accesible al público en Francia debe mostrar sus avisos legales. Esta obligación, establecida por la Ley de confianza en la economía digital (LCEN) del 21 de junio de 2004, se aplica tanto a los sitios corporativos como a las tiendas online, los blogs profesionales y las aplicaciones web. El contenido exacto de estos avisos varía según la forma jurídica del titular y su actividad, pero su ausencia puede acarrear sanciones penales.
Avisos legales e información precontractual: una confusión frecuente en los sitios de comercio electrónico
Un aspecto que las guías habituales suelen pasar por alto es la diferencia entre los avisos legales y la información precontractual. En un sitio que vende online, los datos de contacto de la empresa y la identificación del proveedor de alojamiento no sustituyen la información que debe facilitarse antes de cada compra: características del producto, precio total, condiciones de entrega y derecho de desistimiento.
Reunirlo todo en una sola página de «Avisos legales» no hace que una tienda cumpla la normativa. La información precontractual debe estar disponible en el momento de realizar el pedido, no escondida en un enlace del pie de página. Confundir ambos conceptos conlleva un doble riesgo: por un lado, sanciones por no incluir los avisos legales y, por otro, incumplimiento de las obligaciones de información al consumidor.
Para ver cómo estructura una agencia esta página en su propio sitio, los avisos legales de Digital Breizh muestran un ejemplo concreto de presentación por separado de las distintas obligaciones.
Identificación del titular: qué exige la LCEN según la forma jurídica
La LCEN distingue dos categorías de titulares profesionales, con requisitos diferentes.
Para una persona física (empresa individual o microempresa), los avisos deben incluir el nombre y los apellidos, la dirección de domicilio, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. También se exige el número de inscripción en el Registro Mercantil y de Sociedades (RCS) o en el Registro de Oficios (RM), según la actividad que se ejerza.
Para una persona jurídica (SARL, SAS, SA), deben añadirse la razón social, la forma jurídica y el importe del capital social. La dirección indicada debe ser la del domicilio social. El número de identificación (SIREN o SIRET) y, cuando corresponda, el número de IVA intracomunitario completan la información.
En ambos casos, el nombre del director de la publicación debe figurar en el sitio. Este dato suele olvidarse, aunque la persona designada asume la responsabilidad editorial.
Profesiones reguladas y actividades sujetas a autorización
Los profesionales de sectores regulados (abogados, arquitectos y expertos contables) deben indicar el colegio o la autoridad profesional a la que pertenecen, así como las normas aplicables a su actividad. Si la actividad está sujeta a autorización administrativa, también deben facilitarse el nombre y los datos de contacto de la autoridad que la concedió.
Proveedor de alojamiento, cookies y datos personales: tres obligaciones distintas que no deben mezclarse
Los avisos legales deben incluir la identidad del proveedor de alojamiento del sitio: razón social, dirección y número de teléfono. Esta información permite a terceros solicitar la retirada de contenido ilícito.
La gestión de cookies y la recopilación de datos personales se rigen por textos distintos (el RGPD y la Directiva ePrivacy), pero muchos sitios las tratan como un simple párrafo adicional dentro de los avisos legales.
- Las cookies que no son necesarias para el funcionamiento del sitio requieren el consentimiento explícito del usuario, expresado mediante una acción afirmativa. La CNIL recuerda que seguir navegando no constituye un consentimiento válido.
- La información sobre los datos personales recopilados (finalidad, base jurídica, plazo de conservación y destinatarios) debe presentarse por separado y ser accesible, normalmente a través de una política de privacidad independiente.
- El banner de cookies y el mecanismo para recoger las preferencias deben funcionar independientemente de la página de avisos legales: no basta con añadir una frase sobre los rastreadores en los avisos.
Tratar estos tres aspectos como un único bloque da lugar a una página difícil de leer y, desde el punto de vista jurídico, a un cumplimiento parcial que no superaría una inspección.
Sanciones por no incluir avisos legales: a qué se expone realmente el titular
El incumplimiento de las obligaciones de la LCEN en materia de avisos legales puede acarrear sanciones penales. Las sanciones previstas pueden incluir una multa y, en los casos más graves, una pena de prisión.
En la práctica, rara vez se alcanzan estos límites máximos, pero los requerimientos formales de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude) son más habituales de lo que se cree, especialmente durante las inspecciones dirigidas a sitios de comercio electrónico.
El caso de las plataformas y la Ley de Servicios Digitales
Las empresas que venden a través de un marketplace también están sujetas a estas obligaciones. La Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a recopilar y verificar los datos de identificación de los profesionales que ofrecen productos o servicios. Por tanto, debe comprobarse la coherencia entre los avisos del sitio propio y los que aparecen en la plataforma.
Un profesional cuyos datos difieran entre su sitio y el marketplace en el que vende puede recibir solicitudes de aclaración por parte de la plataforma e incluso exponerse a que se suspenda su cuenta de vendedor.
Los avisos legales no son un mero trámite que pueda dejarse para el final de un proyecto web. Constituyen una base jurídica cuyo contenido varía según la forma jurídica, la actividad y los canales de venta utilizados. Comprobar que estén actualizados cada vez que cambien el domicilio social, la forma jurídica o el proveedor de alojamiento es la medida más sencilla para evitar una advertencia oficial.
